¿Y el dinero de El Chapo?
La recaptura de Joaquín Guzmán Loera ha hecho visible una lista de pendientes del gobierno federal.
Se ha hablado con insistencia de, ahora sí, cerrar la puerta a la corrupción y hacer más seguros los centros penitenciarios, entre otros.
Sin embargo, poca atención ha merecido el tema del combate al lavado de dinero, que reduciría el margen de maniobra de las organizaciones criminales para disponer de sus ganancias ilícitas.
Cuando fue detenido El Chapo el 22 de febrero de 2014, las autoridades dieron a conocer imágenes de los autos deportivos importados y otros lujos que se encontraron en la casa del capo en Culiacán.
Sin embargo, a lo largo de los 16 meses que permaneció preso en el penal de El Altiplano, poca información existió sobre esfuerzos mayores para confiscar las ganancias de Guzmán y su cártel.
Se estima que para su espectacular escape de esa cárcel, el 11 de julio de 2015, el narcotraficante tuvo que desembolsar varios millones de dólares.
Hubo quien calculó el gasto en 50 millones de dólares, por la construcción del túnel, la logística para sacarlo de la zona y la corrupción de funcionarios.
Quizá sea imposible determinar el monto de dinero con exactitud, pero está claro que El Chapo continuó disponiendo de recursos cuantiosos durante el tiempo en que permaneció preso en 2014-2015.
Y hay que preguntarnos por qué.
Por un lado, las actividades del cártel del Pacífico no parecen haber sufrido disrupción alguna. No hay indicios de que haya disminuido el tráfico de narcóticos por esa segunda detención del capo.
Más bien hay evidencia de lo contrario: que El Chapo no era sólo esa figura decorativa y emblemática del cártel, como señalaban algunos expertos y funcionarios, sino que mantenía liderazgo, lealtad de su grupo y, sobre todo, acceso al dinero.
Es obvio que ese dinero no está guardado en una cueva como la de Alí Babá, sino invertido.
Es más, entre las pocas cosas interesantes que El Chapo reveló en la plática con Sean Penn es que tenía planes de invertir en el sector petrolero del país.
Es decir, si aquello no es una fanfarronada, Joaquín Guzmán se escapó de la cárcel sin que se hubiera tocado una parte sustancial de su fortuna, que la revista Forbes –quién sabe con qué método– ha estimado en más de mil millones de dólares.
A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, nos hemos enterado de los nombres de los negocios fachada que el cártel del Pacífico y otras organizaciones delictivas usan para lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico.
Dichas empresas han caído en una lista negra que impide a todo estadunidense hacer negocios con ellas y a sus dueños formales gastar dinero en aquel país.
Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia en México de esas actividades de blanqueo de recursos?
De acuerdo con Jorge Alberto Lara Rivera, exsubprocurador general de la República, y encargado de estos temas cuando estuvo en la PGR el sexenio pasado, los decomisos al cártel del Pacífico han sido “insignificantes” hasta ahora.
Por eso digo que el tema es un gran pendiente para el gobierno federal, en el que, necesariamente, se requiere de la colaboración de Estados Unidos, pues una parte de la droga se produce en México y otra transita por aquí, pero las ganancias más cuantiosas del narcotráfico se generan con la venta de drogas en los grandes mercados consumidores.
Buena parte de ese dinero regresa al país y se invierte en distintos sectores de la economía.
En marzo del año pasado, Kenneth Blanco, subprocurador de Justicia de Estados Unidos dijo que el monto de lo lavado en los dos países por las organizaciones delictivas mexicanas asciende a 29 mil millones de dólares.
Entonces, en lo que discutimos si el combate al narcotráfico es una buena o una mala idea, sería prudente que las instancias mexicanas y de otros países, encargadas de evitar el lavado de dinero, dieran mejores resultados.
En 40 años de guerra contra las drogas, los consumidores del mundo no han tenido que vivir un solo día de escasez. Por algo será.
Se ha hablado con insistencia de, ahora sí, cerrar la puerta a la corrupción y hacer más seguros los centros penitenciarios, entre otros.
Sin embargo, poca atención ha merecido el tema del combate al lavado de dinero, que reduciría el margen de maniobra de las organizaciones criminales para disponer de sus ganancias ilícitas.
Cuando fue detenido El Chapo el 22 de febrero de 2014, las autoridades dieron a conocer imágenes de los autos deportivos importados y otros lujos que se encontraron en la casa del capo en Culiacán.
Sin embargo, a lo largo de los 16 meses que permaneció preso en el penal de El Altiplano, poca información existió sobre esfuerzos mayores para confiscar las ganancias de Guzmán y su cártel.
Se estima que para su espectacular escape de esa cárcel, el 11 de julio de 2015, el narcotraficante tuvo que desembolsar varios millones de dólares.
Hubo quien calculó el gasto en 50 millones de dólares, por la construcción del túnel, la logística para sacarlo de la zona y la corrupción de funcionarios.
Quizá sea imposible determinar el monto de dinero con exactitud, pero está claro que El Chapo continuó disponiendo de recursos cuantiosos durante el tiempo en que permaneció preso en 2014-2015.
Y hay que preguntarnos por qué.
Por un lado, las actividades del cártel del Pacífico no parecen haber sufrido disrupción alguna. No hay indicios de que haya disminuido el tráfico de narcóticos por esa segunda detención del capo.
Más bien hay evidencia de lo contrario: que El Chapo no era sólo esa figura decorativa y emblemática del cártel, como señalaban algunos expertos y funcionarios, sino que mantenía liderazgo, lealtad de su grupo y, sobre todo, acceso al dinero.
Es obvio que ese dinero no está guardado en una cueva como la de Alí Babá, sino invertido.
Es más, entre las pocas cosas interesantes que El Chapo reveló en la plática con Sean Penn es que tenía planes de invertir en el sector petrolero del país.
Es decir, si aquello no es una fanfarronada, Joaquín Guzmán se escapó de la cárcel sin que se hubiera tocado una parte sustancial de su fortuna, que la revista Forbes –quién sabe con qué método– ha estimado en más de mil millones de dólares.
A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, nos hemos enterado de los nombres de los negocios fachada que el cártel del Pacífico y otras organizaciones delictivas usan para lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico.
Dichas empresas han caído en una lista negra que impide a todo estadunidense hacer negocios con ellas y a sus dueños formales gastar dinero en aquel país.
Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia en México de esas actividades de blanqueo de recursos?
De acuerdo con Jorge Alberto Lara Rivera, exsubprocurador general de la República, y encargado de estos temas cuando estuvo en la PGR el sexenio pasado, los decomisos al cártel del Pacífico han sido “insignificantes” hasta ahora.
Por eso digo que el tema es un gran pendiente para el gobierno federal, en el que, necesariamente, se requiere de la colaboración de Estados Unidos, pues una parte de la droga se produce en México y otra transita por aquí, pero las ganancias más cuantiosas del narcotráfico se generan con la venta de drogas en los grandes mercados consumidores.
Buena parte de ese dinero regresa al país y se invierte en distintos sectores de la economía.
En marzo del año pasado, Kenneth Blanco, subprocurador de Justicia de Estados Unidos dijo que el monto de lo lavado en los dos países por las organizaciones delictivas mexicanas asciende a 29 mil millones de dólares.
Entonces, en lo que discutimos si el combate al narcotráfico es una buena o una mala idea, sería prudente que las instancias mexicanas y de otros países, encargadas de evitar el lavado de dinero, dieran mejores resultados.
En 40 años de guerra contra las drogas, los consumidores del mundo no han tenido que vivir un solo día de escasez. Por algo será.
