El naufragio
En su tercer canto, la Divina Comedia de Dante condena irremediablemente a quienes ingresan al infierno: los que entren aquí pierdan toda esperanza, dice. Es, por supuesto, una atrocidad: destruir aspiraciones y certidumbres de cualquiera, agotar las promesas de vida y cancelar las razones para ser y para estar debería tipificarse como un crimen de lesa humanidad. Bien se deduce del propio Dante: ¿qué puede ser peor que dormirse sin un sueño y amanecer sin una esperanza? No hay mejor descripción del averno, de las tinieblas y el abismo existencial que esa, precisamente: la que sentencia al hombre a la nada, a ninguna expectativa, a ningún cambio, a ninguna mejora, a ningún aliciente, a ninguna causa, ni siquiera a una promesa, a una leve posibilidad.
Si algo nos mantiene vivos es la esperanza, el proyecto por concretarse, las cosas que habrán de mejorar, de simplificarse, los dolores que se irán, las comodidades que se convertirán en hechos. Y nadie, salvo que se encuentre en la fase terminal de su existencia y además sea consciente de su inmediato fin, carece de ellas. Por eso la natural resistencia de los seres humanos a las sentencias irreductibles, por eso tanto escozor cuando se nos imponen destinos indeseables, cuando parecen venirse encima realidades que desaprobamos pero que parecen inevitables, cuando el barco no tiene condiciones ni tiempo para virar y el naufragio se torna inevitable.
¿Y estamos obligados, en México (y en el mundo), a permitir que la violencia y la ilegalidad se impongan por sobre el estado de derecho y las cultura cívica?, ¿es acaso un [mal] destino manifiesto para el que no tenemos salida?, ¿hay que resignarse a que los fuertes, violentos y osados expolien a los que no tienen medios para protegerse?, ¿se acabó la civilidad?
Aquí algunos breves apuntes al respecto:
1.- En términos generales, el de la seguridad pública es un asunto de percepciones. Por más indicadores e índices que se usen para medirla, se tratará siempre de un tema subjetivo, es decir, prejuiciado (para bien o para mal), por las emociones, experiencias y expectativas del individuo al que se pregunte qué tan seguro y protegido está. Un robo menor puede provocar terror en una ancianita, mientras que un “niño de televisor” observa con normalidad miles de homicidios como algo cotidiano y por ende “aceptable”.
2.- Los problemas cambian de un sitio a otro y de una época a otra, pero en esencia se trata de que la gente viva en paz, que las normas que protegen a todos y regulan la convivencia de todos se respeten y se cumplan sin privilegios, que los individuos sean protegidos en su salud, en su integridad, en sus bienes y en todos los derechos que la ley les concede, pero que cumplan por igual sus obligaciones con absoluta responsabilidad; esto implica que las aberraciones (como los crímenes) sean lo excepcional y no lo rutinario, que las instituciones sean capaces de mediar y resolver eficazmente los conflictos entre los particulares y que todos tengan acceso a un mínimo de bienestar (que nadie goce de lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable, en palabras de Salvador Díaz Mirón).
3.- La ineficacia y la insuficiencia de las instituciones responsables de la prevención del delito y de la procuración e impartición de justicia no pueden discutirse. Mejorar estos ámbitos del
quehacer público es necesario e ineludible. Pero limitar la solución de estos graves problemas a la existencia de súper policías, de súper jueces incorruptibles y cárceles inviolables es sólo una parte (y no precisamente la más importante). El verdadero camino está en la drástica reducción de los delitos, y no por la vía del aparato represivo (es decir, por el temor de los posibles infractores al castigo) sino por la convicción de que lo mejor para todos es el respeto a las normas y el ejercicio responsable de los derechos, es decir, la vida individual y colectiva sustentada en la legalidad, en obligaciones y potestades iguales para todos los integrantes de la sociedad.
4.- No se puede exigir igualdad a los desiguales. Cuando el 52.3% de los mexicanos carece de los medios para satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, salud, educacion, ropa, transporte y vivienda); cuando el 10% de la población concentra el 64.4% de la riqueza nacional; cuando en 4 décadas el salario ha perdido ¾ partes de su poder adquisitivo, es indiscutible que existen segmentos privilegiados de la sociedad y que la falta de oportunidades y expectativas, con frecuencia la lucha por la misma sobrevivencia, propician las conductas delictivas y nos alejan del ideal deseable de una sociedad pacífica, solidaria y armónica.
5.- Es indispensable quitar rentabilidad al delito. Los hechos deben probar fuera de cualquier duda razonable a los ciudadanos que es mucho más beneficioso cumplir mandatos legales que violentarlos; que será más negocio respetar los bienes ajenos que robarlos; que proteger la vida traerá más beneficios que actuar de sicario. Que secuestrar resulte carísimo. Que asesinar se vuelva incosteable, insufrible. Así, cambiar la proporción de costo beneficio (y hacerlo cuanto antes) es el mejor aliciente posible para bajar en forma sustantiva e irreversible los índices delictivos.
6.- Es absurdo educar a niños y jóvenes en la cultura de derechos y no hacerlo simultáneamente en la de obligaciones. Las buenas prácticas ciudadanas nacen de la formación cívica, de los medios culturales que permiten a las personas conocer con certeza los límites que deben respetar en el ejercicio de sus libertades para garantizar la preservación de éstas. De otro modo la ecuación es incompleta e insostenible: es imposible vivir de derechos sin tener deberes. Las buenas prácticas sólo se arraigan mediante el ejemplo, en casa y en la escuela, en la convivencia con los otros y, por supuesto, en la evidencia empírica de que cumplir las leyes favorece y no es, como se piensa, un lastre o un obstáculo para el desarrollo personal.
No hay otro camino. Buenos ciudadanos que cumplan las leyes y exijan a las instituciones y a quienes las conducen un buen desempeño, honesto, transparente, equitativo y eficaz. Una economía que premie las buenas prácticas y sancione adecuadamente las faltas. Un sistema que realmente propicie la ciudadanía. Lo otro es sentarse a esperar el naufragio; aceptar que el individualismo y la ineficacia de personas y organizaciones nos condenan a un futuro desastroso. No es lo que queremos. No tenemos por qué perder las esperanzas.
La Botica.- De lo poco que queda claro con la visita de Barack Obama a la Republica de Cuba es la dramática pérdida de protagonismo de México en el escenario internacional. Es muy cierto aquéllo de “tanto tienes tanto vales”, y hoy no somos precisamente una economía portentosa y pujante, capaz de hacerse oir en el mundo. Pero es también muy cierto que en los últimos 15 años nada se ha visto de la rica tradición mexicana en la política exterior y que lejos estamos de aquéllos tiempos en los que México era interlocutor y faro, país solidario y humanitario. ¿A qué y a quién sirve hoy realmente nuestro Servicio Exterior. juanantonionemidib@icloud.com
Si algo nos mantiene vivos es la esperanza, el proyecto por concretarse, las cosas que habrán de mejorar, de simplificarse, los dolores que se irán, las comodidades que se convertirán en hechos. Y nadie, salvo que se encuentre en la fase terminal de su existencia y además sea consciente de su inmediato fin, carece de ellas. Por eso la natural resistencia de los seres humanos a las sentencias irreductibles, por eso tanto escozor cuando se nos imponen destinos indeseables, cuando parecen venirse encima realidades que desaprobamos pero que parecen inevitables, cuando el barco no tiene condiciones ni tiempo para virar y el naufragio se torna inevitable.
¿Y estamos obligados, en México (y en el mundo), a permitir que la violencia y la ilegalidad se impongan por sobre el estado de derecho y las cultura cívica?, ¿es acaso un [mal] destino manifiesto para el que no tenemos salida?, ¿hay que resignarse a que los fuertes, violentos y osados expolien a los que no tienen medios para protegerse?, ¿se acabó la civilidad?
Aquí algunos breves apuntes al respecto:
1.- En términos generales, el de la seguridad pública es un asunto de percepciones. Por más indicadores e índices que se usen para medirla, se tratará siempre de un tema subjetivo, es decir, prejuiciado (para bien o para mal), por las emociones, experiencias y expectativas del individuo al que se pregunte qué tan seguro y protegido está. Un robo menor puede provocar terror en una ancianita, mientras que un “niño de televisor” observa con normalidad miles de homicidios como algo cotidiano y por ende “aceptable”.
2.- Los problemas cambian de un sitio a otro y de una época a otra, pero en esencia se trata de que la gente viva en paz, que las normas que protegen a todos y regulan la convivencia de todos se respeten y se cumplan sin privilegios, que los individuos sean protegidos en su salud, en su integridad, en sus bienes y en todos los derechos que la ley les concede, pero que cumplan por igual sus obligaciones con absoluta responsabilidad; esto implica que las aberraciones (como los crímenes) sean lo excepcional y no lo rutinario, que las instituciones sean capaces de mediar y resolver eficazmente los conflictos entre los particulares y que todos tengan acceso a un mínimo de bienestar (que nadie goce de lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable, en palabras de Salvador Díaz Mirón).
3.- La ineficacia y la insuficiencia de las instituciones responsables de la prevención del delito y de la procuración e impartición de justicia no pueden discutirse. Mejorar estos ámbitos del
quehacer público es necesario e ineludible. Pero limitar la solución de estos graves problemas a la existencia de súper policías, de súper jueces incorruptibles y cárceles inviolables es sólo una parte (y no precisamente la más importante). El verdadero camino está en la drástica reducción de los delitos, y no por la vía del aparato represivo (es decir, por el temor de los posibles infractores al castigo) sino por la convicción de que lo mejor para todos es el respeto a las normas y el ejercicio responsable de los derechos, es decir, la vida individual y colectiva sustentada en la legalidad, en obligaciones y potestades iguales para todos los integrantes de la sociedad.
4.- No se puede exigir igualdad a los desiguales. Cuando el 52.3% de los mexicanos carece de los medios para satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, salud, educacion, ropa, transporte y vivienda); cuando el 10% de la población concentra el 64.4% de la riqueza nacional; cuando en 4 décadas el salario ha perdido ¾ partes de su poder adquisitivo, es indiscutible que existen segmentos privilegiados de la sociedad y que la falta de oportunidades y expectativas, con frecuencia la lucha por la misma sobrevivencia, propician las conductas delictivas y nos alejan del ideal deseable de una sociedad pacífica, solidaria y armónica.
5.- Es indispensable quitar rentabilidad al delito. Los hechos deben probar fuera de cualquier duda razonable a los ciudadanos que es mucho más beneficioso cumplir mandatos legales que violentarlos; que será más negocio respetar los bienes ajenos que robarlos; que proteger la vida traerá más beneficios que actuar de sicario. Que secuestrar resulte carísimo. Que asesinar se vuelva incosteable, insufrible. Así, cambiar la proporción de costo beneficio (y hacerlo cuanto antes) es el mejor aliciente posible para bajar en forma sustantiva e irreversible los índices delictivos.
6.- Es absurdo educar a niños y jóvenes en la cultura de derechos y no hacerlo simultáneamente en la de obligaciones. Las buenas prácticas ciudadanas nacen de la formación cívica, de los medios culturales que permiten a las personas conocer con certeza los límites que deben respetar en el ejercicio de sus libertades para garantizar la preservación de éstas. De otro modo la ecuación es incompleta e insostenible: es imposible vivir de derechos sin tener deberes. Las buenas prácticas sólo se arraigan mediante el ejemplo, en casa y en la escuela, en la convivencia con los otros y, por supuesto, en la evidencia empírica de que cumplir las leyes favorece y no es, como se piensa, un lastre o un obstáculo para el desarrollo personal.
No hay otro camino. Buenos ciudadanos que cumplan las leyes y exijan a las instituciones y a quienes las conducen un buen desempeño, honesto, transparente, equitativo y eficaz. Una economía que premie las buenas prácticas y sancione adecuadamente las faltas. Un sistema que realmente propicie la ciudadanía. Lo otro es sentarse a esperar el naufragio; aceptar que el individualismo y la ineficacia de personas y organizaciones nos condenan a un futuro desastroso. No es lo que queremos. No tenemos por qué perder las esperanzas.
La Botica.- De lo poco que queda claro con la visita de Barack Obama a la Republica de Cuba es la dramática pérdida de protagonismo de México en el escenario internacional. Es muy cierto aquéllo de “tanto tienes tanto vales”, y hoy no somos precisamente una economía portentosa y pujante, capaz de hacerse oir en el mundo. Pero es también muy cierto que en los últimos 15 años nada se ha visto de la rica tradición mexicana en la política exterior y que lejos estamos de aquéllos tiempos en los que México era interlocutor y faro, país solidario y humanitario. ¿A qué y a quién sirve hoy realmente nuestro Servicio Exterior. juanantonionemidib@icloud.com
