Tanhuato: basta de juicios sumarios
El informe de la CNDH sobre Tanhuato, la respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la condena de los actores políticos a las “ejecuciones extrajudiciales” encuera el conflicto que hoy nos atrapa: no sabemos qué hacer con el crimen organizado.
Ni la clase gobernante ni eso que llamamos opinión pública queremos asumir el costo de enfrentar a las bandas delictivas y sus expresiones de poder, control territorial e infiltración institucional.
Nos resignamos a la comodidad del asombro pendular, ese que va de la indignación con “el Estado” por no frenar a la narcopolítica en Iguala al cuestionamiento del mismo “Estado” por “el uso excesivo de la fuerza” en Michoacán, a la hora de combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La recomendación de la CNDH señala que elementos de la Policía Federal ejecutaron arbitrariamente a 22 de las 43 personas que ahí murieron el 22 de mayo de 2015.
Claro que la tarea del ombudsman es vigilar el respeto de los derechos humanos y, sin duda, le asiste la razón en defenderlos bajo las definiciones de vanguardia, más allá del contexto nacional.
Pero así como no se valen los juicios sumarios con un cártel de narcos, tampoco deberíamos permitirlos en la indefinición de su enfrentamiento.
Que no haya omisiones en la aplicación de la ley con la delincuencia, pero tampoco en las investigaciones de una CNDH que, esta vez, nos deja dudas:
¿Por qué no anunció con anterioridad, como lo dicta la Constitución en el artículo 102, que había determinado que sus indagaciones serían por violaciones graves? Esto habría significado entrevistas personales con los acusados e integrantes de la cadena de mando. No se hicieron.
Eso explicaría que el pronunciamiento de la CNDH se sustente en testimonios de los agraviados y no haya tomado en cuenta los de la Policía Federal (PF).
La recomendación se basa en dichos de tres detenidos y, según miradas expertas en expedientes de ¡696 páginas!, mientras en un apartado se habla del enfrentamiento entre uniformados y miembros del CJNG, en las conclusiones se prejuzga que hubo ejecución arbitraria.
En un lenguaje más cercano al de un Ministerio Público que al de un ombudsman que debería plantear los hechos como probables, la CNDH descarrila a la PF al señalar que sus informes escritos fueron falsos y cuestiona su ingreso al Rancho del Sol porque carecía de una orden de cateo.
A dos semanas del Cuarto Informe de Gobierno, en medio de las presiones empresariales al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, de que se aplique el tolete con la CNTE para garantizar el ciclo escolar, el ombudsman nos revela qué sucedió hace 15 meses.
Por cierto, las últimas diligencias de la investigación se hicieron en septiembre. Pasaron diez meses en los que no hubo prisa. Y ahora se concluye: fue ejecución arbitraria. ¿Quién lo prueba? La opinión de un perito. ¿Es suficiente?
Una duda más: ¿Por qué si el informe señala que la investigación de la PGR está mal hecha, no se pronunció en su contra?
La falta de un consenso sobre cómo afrontar al crimen organizado cumplirá casi una década. Fue en diciembre de 2006 que el presidente Felipe Calderón determinó que había que enfrentar con sangre y fuego a “los enemigos de la patria”.
Más allá de las valoraciones de la decisión que el exmandatario tomó, desde entonces arrastramos la incapacidad de definir con qué instrumentos se gobierna un país donde hay grupos profesionales del secuestro, robo de combustible, producción, tráfico y venta de drogas, entre otras acciones penadas por la ley.
Así que el regateo de gobernadores y legisladores del PRI a Calderón cuando pidió apoyo a su estrategia de seguridad, hoy se le revierte a la administración de Enrique Peña y como prueba la virulencia de este informe de la CNDH.
Porque al igual que la oposición en el calderonismo, y hoy en el peñismo, el ombudsman Luis Raúl González Pérez y los legisladores y los partidos parecen no hacerse cargo del país que tenemos, con policías al servicio de las bandas delictivas en regiones donde lo que vale es la ley de plata o plomo, como ahí ocurría.
Lo fácil es sumarse a la condena. Es lo suyo. ¿Pero qué hacemos cuando, como sucedió en el Rancho del Sol, la propietaria denunció que 50 personas armadas lo habían invadido?
Dicen senadores y diputados que llamarán a cuentas a Renato Sales, titular de la CNS, y a Enrique Galindo, de la PF. ¿Y si aprovechan el momento para hacer su trabajo y cubren el vacío en la regulación del uso de la fuerza del Estado?
Necesitamos un acuerdo político, una ley para México, viable, que responda a las preguntas que nos deja Tanhuato: ¿Cuándo se puede atacar a un sicario? ¿Nunca? ¿Y si no entrega las armas y dispara? ¿Y si su artillería es capaz de derribar un helicóptero? ¿A rezar, con una mano atrás y otra adelante?
Basta de tiros de gracia. Sí. Pero asumamos que no es cosa de alternancia partidista, que la delincuencia está ahí y que los juicios sumarios —los de muerte y los mediáticos— no curan nada. Absolutamente nada.
Ni la clase gobernante ni eso que llamamos opinión pública queremos asumir el costo de enfrentar a las bandas delictivas y sus expresiones de poder, control territorial e infiltración institucional.
Nos resignamos a la comodidad del asombro pendular, ese que va de la indignación con “el Estado” por no frenar a la narcopolítica en Iguala al cuestionamiento del mismo “Estado” por “el uso excesivo de la fuerza” en Michoacán, a la hora de combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La recomendación de la CNDH señala que elementos de la Policía Federal ejecutaron arbitrariamente a 22 de las 43 personas que ahí murieron el 22 de mayo de 2015.
Claro que la tarea del ombudsman es vigilar el respeto de los derechos humanos y, sin duda, le asiste la razón en defenderlos bajo las definiciones de vanguardia, más allá del contexto nacional.
Pero así como no se valen los juicios sumarios con un cártel de narcos, tampoco deberíamos permitirlos en la indefinición de su enfrentamiento.
Que no haya omisiones en la aplicación de la ley con la delincuencia, pero tampoco en las investigaciones de una CNDH que, esta vez, nos deja dudas:
¿Por qué no anunció con anterioridad, como lo dicta la Constitución en el artículo 102, que había determinado que sus indagaciones serían por violaciones graves? Esto habría significado entrevistas personales con los acusados e integrantes de la cadena de mando. No se hicieron.
Eso explicaría que el pronunciamiento de la CNDH se sustente en testimonios de los agraviados y no haya tomado en cuenta los de la Policía Federal (PF).
La recomendación se basa en dichos de tres detenidos y, según miradas expertas en expedientes de ¡696 páginas!, mientras en un apartado se habla del enfrentamiento entre uniformados y miembros del CJNG, en las conclusiones se prejuzga que hubo ejecución arbitraria.
En un lenguaje más cercano al de un Ministerio Público que al de un ombudsman que debería plantear los hechos como probables, la CNDH descarrila a la PF al señalar que sus informes escritos fueron falsos y cuestiona su ingreso al Rancho del Sol porque carecía de una orden de cateo.
A dos semanas del Cuarto Informe de Gobierno, en medio de las presiones empresariales al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, de que se aplique el tolete con la CNTE para garantizar el ciclo escolar, el ombudsman nos revela qué sucedió hace 15 meses.
Por cierto, las últimas diligencias de la investigación se hicieron en septiembre. Pasaron diez meses en los que no hubo prisa. Y ahora se concluye: fue ejecución arbitraria. ¿Quién lo prueba? La opinión de un perito. ¿Es suficiente?
Una duda más: ¿Por qué si el informe señala que la investigación de la PGR está mal hecha, no se pronunció en su contra?
La falta de un consenso sobre cómo afrontar al crimen organizado cumplirá casi una década. Fue en diciembre de 2006 que el presidente Felipe Calderón determinó que había que enfrentar con sangre y fuego a “los enemigos de la patria”.
Más allá de las valoraciones de la decisión que el exmandatario tomó, desde entonces arrastramos la incapacidad de definir con qué instrumentos se gobierna un país donde hay grupos profesionales del secuestro, robo de combustible, producción, tráfico y venta de drogas, entre otras acciones penadas por la ley.
Así que el regateo de gobernadores y legisladores del PRI a Calderón cuando pidió apoyo a su estrategia de seguridad, hoy se le revierte a la administración de Enrique Peña y como prueba la virulencia de este informe de la CNDH.
Porque al igual que la oposición en el calderonismo, y hoy en el peñismo, el ombudsman Luis Raúl González Pérez y los legisladores y los partidos parecen no hacerse cargo del país que tenemos, con policías al servicio de las bandas delictivas en regiones donde lo que vale es la ley de plata o plomo, como ahí ocurría.
Lo fácil es sumarse a la condena. Es lo suyo. ¿Pero qué hacemos cuando, como sucedió en el Rancho del Sol, la propietaria denunció que 50 personas armadas lo habían invadido?
Dicen senadores y diputados que llamarán a cuentas a Renato Sales, titular de la CNS, y a Enrique Galindo, de la PF. ¿Y si aprovechan el momento para hacer su trabajo y cubren el vacío en la regulación del uso de la fuerza del Estado?
Necesitamos un acuerdo político, una ley para México, viable, que responda a las preguntas que nos deja Tanhuato: ¿Cuándo se puede atacar a un sicario? ¿Nunca? ¿Y si no entrega las armas y dispara? ¿Y si su artillería es capaz de derribar un helicóptero? ¿A rezar, con una mano atrás y otra adelante?
Basta de tiros de gracia. Sí. Pero asumamos que no es cosa de alternancia partidista, que la delincuencia está ahí y que los juicios sumarios —los de muerte y los mediáticos— no curan nada. Absolutamente nada.
