Derechos humanos de segunda categoría
El aniversario seis de la masacre de 72 migrantes en San Fernando vino a recordar ayer que para la CNDH sólo cuentan los casos que concentran reflectores a su presidente, quien pareciera que observa los casos por categorías y, por eso, el de San Fernando sería de segunda.
En aquel municipio de Tamaulipas, en el 2010, fueron asesinados migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, indios brasileños y ecuatorianos, por quienes pocos levantan la voz y… no concentran reflectores.
Interesa más al Ombudsman acusar a policías de México de asesinos, con usos de la época de las dictaduras de El Salvador, Guatemala, Chile o Argentina, como “ejecuciones extrajudiciales”, algo que aquí no existe porque no hay ejecuciones judiciales.
Mientras, recarga las tintas para defender a asesinos de militares, secuestradores, a sanguinarios que queman cuerpos o los deshacen en ácido y echan decenas de cuerpos en fosas tras ajustes de cuentas para controlar el crimen organizado.
No importa que éstos porten armamento de uso exclusivo del Ejército, envenenen a niños con drogas, derriben con lanzacohetes un helicóptero con nueve soldados. Para Luis Raúl González Pérez sus casos son prioritarios.
Por eso ayer no tocó ni con el pétalo de una declaración el caso de San Fernando, aun cuando la CNDH debe explicaciones a los familiares, como por qué el gobierno de Felipe Calderón entregó cadáveres erróneos a varias familias y mandó a fosa común cuerpos identificables.
Incluso existe un amparo de familiares de los asesinados contra la recomendación 80/2013, firmada por su antecesor (por cierto, emitida tres años después de la matanza), la cual dejó insatisfechas a las víctimas y, es deseable, debería tener respuesta.
Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, enfocada al caso, ha denunciado que el Ombudsman promueve recursos y quejas que obstaculizan el proceso jurídico iniciado en la Corte para que los familiares sean considerados víctimas y se les repare el daño.
“Cada promoción que hacemos nosotros que podemos avanzar, la CNDH promueve incidentes, quejas y recursos que van retrasando mucho el litigio y nosotros creemos que no es correcto, pues nos dejan sin condiciones para defender a las víctimas”, asegura Ana Lorena Delgadillo.
Pero en el caso del enfrentamiento entre policías federales y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en Tanhuato, Luis Raúl González Pérez concluyó que los primeros ejecutaron a 22 sicarios, aunque sin entrevistar a ninguno de los más de 90 uniformados que participaron.
Sin embargo, sí entrevistó a 40 familiares de los muertos, a testigos y hasta a tres personas detenidas y recluidas en el Cefereso No. 4, en Tepic, Nayarit: con eso tuvo suficiente para acusar a los policías federales.
¿Y las víctimas de San Fernando? Son migrantes.
Sus derechos humanos son de segunda categoría.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter: @ruben_cortes
En aquel municipio de Tamaulipas, en el 2010, fueron asesinados migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, indios brasileños y ecuatorianos, por quienes pocos levantan la voz y… no concentran reflectores.
Interesa más al Ombudsman acusar a policías de México de asesinos, con usos de la época de las dictaduras de El Salvador, Guatemala, Chile o Argentina, como “ejecuciones extrajudiciales”, algo que aquí no existe porque no hay ejecuciones judiciales.
Mientras, recarga las tintas para defender a asesinos de militares, secuestradores, a sanguinarios que queman cuerpos o los deshacen en ácido y echan decenas de cuerpos en fosas tras ajustes de cuentas para controlar el crimen organizado.
No importa que éstos porten armamento de uso exclusivo del Ejército, envenenen a niños con drogas, derriben con lanzacohetes un helicóptero con nueve soldados. Para Luis Raúl González Pérez sus casos son prioritarios.
Por eso ayer no tocó ni con el pétalo de una declaración el caso de San Fernando, aun cuando la CNDH debe explicaciones a los familiares, como por qué el gobierno de Felipe Calderón entregó cadáveres erróneos a varias familias y mandó a fosa común cuerpos identificables.
Incluso existe un amparo de familiares de los asesinados contra la recomendación 80/2013, firmada por su antecesor (por cierto, emitida tres años después de la matanza), la cual dejó insatisfechas a las víctimas y, es deseable, debería tener respuesta.
Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, enfocada al caso, ha denunciado que el Ombudsman promueve recursos y quejas que obstaculizan el proceso jurídico iniciado en la Corte para que los familiares sean considerados víctimas y se les repare el daño.
“Cada promoción que hacemos nosotros que podemos avanzar, la CNDH promueve incidentes, quejas y recursos que van retrasando mucho el litigio y nosotros creemos que no es correcto, pues nos dejan sin condiciones para defender a las víctimas”, asegura Ana Lorena Delgadillo.
Pero en el caso del enfrentamiento entre policías federales y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en Tanhuato, Luis Raúl González Pérez concluyó que los primeros ejecutaron a 22 sicarios, aunque sin entrevistar a ninguno de los más de 90 uniformados que participaron.
Sin embargo, sí entrevistó a 40 familiares de los muertos, a testigos y hasta a tres personas detenidas y recluidas en el Cefereso No. 4, en Tepic, Nayarit: con eso tuvo suficiente para acusar a los policías federales.
¿Y las víctimas de San Fernando? Son migrantes.
Sus derechos humanos son de segunda categoría.
ruben.cortes@razon.com.mx
Twitter: @ruben_cortes
