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Miércoles 13 de diciembre de 2017     enestahora@outlook.com

En Esta Hora - * Javier Duarte de Ochoa/¿98 Denuncias Penales?
* Javier Duarte de Ochoa/¿98 Denuncias Penales?
VERACRUZ (México).- El rumor cobró forma.

En los herméticos círculos del poder comentan con la discreción de costumbre sobre la insostenible relación del presidente Enríque Peña Nieto con el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El exgobernador Fidel Herrera Beltrán, actual cónsul de México en la ciudad de Barcelona, España, inauguró la marcada confrontación personal, institucional, partidista y política con el representante del Poder Ejecutivo Federal.

Las fricciones aumentaron de tono cuando Herrera Beltrán y Duarte de Ochoa, direccionaron campañas mediáticas en contra del quehacer político, económico y social del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Mexicanos (EUM).

Las quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas que jamás tuvieron respuesta en la Contraloría General del Estado (CGE), en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y en la Fiscalía General del Estado (FGE), encontraron eco en el Gobierno Federal.

La documentación recibida por la presidencia de la república—telegramas, cartas, oficios, llamadas telefónicas, solicitudes de audiencia, correos electrónicos y recepciones personales e institucionales—fue turnada a la secretaría de Gobernación, para luego distribuir a las secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones, coordinaciones generales y jefaturas departamentales, vinculadas a los temas expuestos por las partes inconformes.

El investigar el grado de veracidad de los contenidos no solo ocupó a un buen número de expertos en cada materia, sino también llevó tiempo por la naturaleza y niveles de dificultad en la integración de cada uno de los variados expedientes.

Los problemas más agudos corresponden a los gobiernos de Miguel Alemán Velasco (1998-2004), de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).

Dieciocho años en que los responsables de la administración pública dedicaron tiempo a todo, menos a cumplir o hacer cumplir promesas y compromisos pactados durante giras de trabajo en busca del voto popular que después los llevaría a la conducción del Estado de Veracruz.

Cerca de tres años de jornadas en las que no existieron sábados, domingos y días festivos, produjeron 98 denuncias formales en contra del actual gobernador Javier Duarte de Ochoa, de las cuales 51 corresponden a la Procuraduría General de la República (PGR), 45 a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y dos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició auditorías a cuentas personales del gobernador y a diez funcionarios de su administración, involucrados en el manejo de 34 empresas fantasmas con domicilio inexistente, enriquecimiento ilícito y operaciones financieras en el extranjero.

El consejo general de la Universidad Veracruzana (UV), tramitó ocho juicios de amparo por parte del área académica y uno de la comunidad estudiantil, en contra de acciones del gobierno del Estado, entre los que destaca la retención de dos mil 482.3 millones de pesos, derivados de subsidios otorgados por los gobiernos Federal y Estatal.

Estas reacciones inusuales en la administración pública local, provocaron que cuatro exfuncionarios de gobierno obtuvieran igual número de amparos del juez segundo del distrito de Xalapa en contra de probables órdenes de aprehensión.

Y para rematar, el cardiólogo Elías Miguel Moreno Brizuela, excandidato independiente a la gubernatura de Veracruz, para el

período 2016-2018, anunció que en la primera semana de octubre próximo presentará formal denuncia ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, en contra del gobierno de Veracruz por presuntos crímenes de lesa humanidad, de los cuales ha documentado 26 pruebas.

El peso del discurso político y la contundencia de las declaraciones a la prensa quedaron atrás, para ceder paso a las acciones directas y señalamientos concretos.

La balanza de la circunstancia no se inclina a favor del gobierno saliente, si tomamos en cuenta que entre los presuntos delitos destacan el desvío de fondos públicos, duplicidad de pagos, obras no realizadas, peculado, desvío de recursos federales, enriquecimiento ilícito, corrupción a gran escala, impunidad, administración fraudulenta, encubrimiento por receptación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y abuso de autoridad.

También, delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, evasión fiscal, falsedad ante la autoridad, deficiencia en los servicios, combate a la pobreza, tortura, lavado de dinero, asesinatos de periodistas, criminalización de la mujer, la no devolución de fondos federales, ataques a medios de comunicación, manipular actas del registro civil y falsear información de catastro.

En comunicados de prensa distribuidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la Procuraduría General de la República (PGR), por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por el

Sistema de Administración Tributaria (SAT), manipulan nombres de funcionarios señalados de no cumplir con sus responsabilidades legales.

Sin embargo, en los referentes divulgados en medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y de internet, apuntan a Edgar Spinozo Carrera, Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Carolina Gudiño Corro, Gabriel Deantes Ramos, Marcos Tehurel García, Carlos Aguirre Hernández, Guillermo Herrera Mendoza, Fernando Charleston Hernández, Salvador Manzur Díaz, Raúl Zarrabal Ferat, Mauricio Audirac Murillo y Tomás Ruíz González.

En los documentos de referencia, figuran los nombres y apellidos de Erick Lagos Hernández, Marcelo Montiel Montiel, Harry Grappa Guzmán, Manuel Martínez de Leo, Vicente Benítez González, Nohemí Guzmán Lagunes, Humberto Benítez Pérez, Moisés Manzur Cysneiros, Gerardo Bonilla Suárez, Octavio Jaime Ruíz Barroso, Luis Ángel Bravo Contreras, Gina Domínguez Colío, Arturo Bermúdez Zurita, Iván López Fernández y Juan Antonio Gómez Pelegrín.

La lista de presuntos aumenta con el proceso de investigación de las autoridades federales.

Otros personajes señalados del desvío de recursos públicos federales y estatales son José Francisco Díaz Valenzuela, José Antonio Mansur Beltrán, José Antonio Bandín Ruíz, Jorge Carvallo Delfín, Elizabeth Morales García, Ramón Ferrari Pardiño, Rafael Valverde Elías, Ricardo García Guzmán, Domingo Yorio Saqui, Jaime Porres Fernández-Cavada, Jesús Enríque Jackson Ramírez, José Nelson Murat Casab, José Antonio Macías Yasegey y Daniel Duarte de Ochoa.

Y en el renglón de presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal a través de prestanombres, anote a Cársica Alejandra Ramírez Tubilla, Jorge Fernándo Ramírez Tubilla, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, Mónica Ghihan Macías Tubilla, Karime Macías Tubilla, José Armando Rodríguez Ayache, Oscar Millet Aguilar-Galindo, Juan Ignacio Barquín del Puerto, Miguel Barquín del Puerto, Fernándo Barquín del Puerto, Nissim Mansur Cohen, Jean Paul Mansur Beltrán, Elvia Carlota Besil, Mónica Babayan Canal, Juan Antonio Nemi Dib, Juan Felipe Aguilar de la Llave y más de 60 personas físicas y morales.

Informes facilitados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pronostican el daño patrimonial en 47 mil millones de pesos, distribuidos en 35 mil millones de pesos en cuanto a observaciones en proceso de solventación y 12 mil 300 millones de pesos por concepto de denuncias penales, mientras el Sistema de Administración Tributaria (SAT), habla de 660

millones de pesos, que hacen un total de 713 mil millones de pesos.

El comportamiento del gobierno veracruzano de no aportar la documentación correspondiente que compruebe la aplicación de los recursos financieros, molesta al gobierno federal.

Esta situación ha provocado que el grupo de Javier Duarte de Ochoa, dedique a la búsqueda de contadores públicos y auditores, abogados fiscalistas y la localización de países con los cuales México no mantenga tratados de extradición.

Lo anterior obedece a que seis funcionarios del gobierno estatal, señalados de participar en el desvío de recursos financieros, obtuvieron amparo del juez segundo de distrito de Xalapa, para no ser privados de su libertad.

Esto indica que el “vamos bien y viene lo mejor” avanza en dirección al precipicio político, económico y penal

Así las cosas en los rumbos de la democracia y de la justicia social.

Sólo para tus ojos . . .

La deuda pública acumulada del gobierno del Estado de Veracruz, asciende a 166 mil 744 millones de pesos, sin incluir intereses generados por la falta del pago puntual, hasta el último día del mes de agosto del 2016.

carlos.lucioacosta@rocketmail.com