01 de Octubre de 2016
De manera inédita, una petición ciudadana logró en sólo dos meses romper la indiferencia de un Congreso atado a los intereses del gobierno y los partidos.
Ésa es la buena noticia de esta semana: la disposición de legisladores de diversas fuerzas políticas de atender un reclamo concreto y justo: #DiNoAlDobleRemolque.
Apenas el 24 de julio publicamos en Excélsior la iniciativa que Jorge López Martín y Francisco Gutiérrez de Velasco (PAN) presentaron en la Comisión Permanente para reformar el artículo 50 de la Ley de Transporte, a fin de prohibir los llamados fulles en las carreteras.
Los diputados argumentaron que la competencia económica no debe justificar la omisión del Estado frente al peligro de muerte que esas unidades representan.
Una semana después, ambos legisladores solicitaron al gobierno hacer su parte: homologar la norma del autotransporte de carga con Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de pasar de las 75.5 toneladas métricas que en México se toleran a 36.3 TM.
En su propuesta, los panistas alegaron que resulta urgente esa reducción ¡de 39 toneladas!, porque el peso que aquí se tolera atenta contra la seguridad carretera.
Todo parecía indicar que las iniciativas no pasarían de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como sucedió hace cuatro años cuando se intentó regular el tema.
Entonces, en 2012, la embestida de un tráiler full a un autobús con alumnos de la UNAM propició que el Partido del Trabajo y el PRI buscaran ponerle límites al doble remolque. Los promoventes responsabilizaron al gobierno de Felipe Calderón de permitir la violación de las normas internacionales. Se hizo un dictamen para que aquí se aplicaran los mismos criterios de los socios del TLC. Pero éste jamás se votó en el pleno de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el 28 de julio, una madre emprendió una movilización ciudadana en nombre de su hijo de 22 años, Patricio Floresmayer, víctima de un accidente ocasionado por un tráiler full el día 10.
El testimonio de Hilda Caballero nos hizo obligados activistas de esta causa que hoy es ciudadana y que ha ido sumando nuevas iniciativas, como la de Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, y la del PVEM entregada en ambas cámaras. Hoy existen tres propuestas de la oposición para ponerle un freno a estos camiones que habrían generado mil 59 muertes en lo que va del año.
Y el PRI se ha manifestado en favor de que la vida de los mexicanos se encuentre por encima de cualquier consideración económica, en voz del jefe de los priistas en el Senado, Emilio Gamboa. En el mismo sentido, el actual presidente de la Cámara Alta, Pablo Escudero (PVEM), ha dicho presente.
Así que si los legisladores tienen palabra, el Congreso está obligado a forzar al gobierno federal a la prohibición que ahora se niega a imaginar bajo un pragmatismo materialista que genera escalofrío.
Lo único que ha aceptado hasta ahora el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es a participar en los foros que en torno al tema se harán en el Poder Legislativo. Pero sigue el titular de la SCT sin moverse un centímetro en su advertencia catastrofista de que la prohibición de estas unidades paralizaría la economía al grado del desabasto.
Ruiz Esparza ha decidido colocarse del lado de las transnacionales y las empresas que se benefician de los doble remolques y que presionaron en el sexenio anterior para evitar una reforma.
El secretario no tiene nada qué ofrecernos a los 75 mil firmantes de la petición que Hilda Caballero hizo en change.org y que iba dirigida al director general de Autotransporte Federal, Adrián del Mazo Maza; a la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott, y al titular de la SCT.
En contraste, la apertura mostrada por legisladores para modificar la ley correspondiente es un signo alentador en la lenta y necesaria construcción en México del Parlamento Abierto, práctica indispensable para que la política recupere su función, la de atender los problemas de la gente.
Sea que diputados y senadores hayan reaccionado por conciencia, por no aguantar la presión o por pudor, este asunto antes ninguneado ahora es prioridad, al menos en el discurso.
Que los 628 legisladores federales escuchen el testimonio de Hilda sobre su hijo, el mismo al que Ruiz Esparza ha contestado no.
“Bueno, sano, noble, justo, entregado, alegre, feliz, divertido, íntegro, apasionado, dedicado, amoroso. Amado por todos lo que lo conocieron. Su vida quedó truncada cuando un camión de doble remolque, de la manera más imprudente y con exceso de velocidad, le arrebató su hermosa y valiosa vida. Su papá, hermanas y yo nos quedamos rotos, vacíos, desconsolados, profundamente tristes y devastados.
“Exigimos que dejen de circular estos camiones de doble remolque, sin regulación alguna, con sobrepeso, sin choferes capacitados. Que además circulan con exceso de velocidad y con total y absoluta irresponsabilidad. A Pato nadie nos lo va a regresar, podemos lograr en su nombre un cambio para que nadie sufra lo que estamos sufriendo”, pide la señora Caballero.
Para quienes nos sumamos a la causa de Hilda y de Héctor Gandini, padre del joven del mismo nombre que también murió en el accidente del 9 de julio en la carretera México-Cuernavaca, esta historia y su dolor son suficiente argumento para reclamar el derecho a la seguridad por encima de consideraciones monetarias.
fuente:EXCÉLSIOR
De manera inédita, una petición ciudadana logró en sólo dos meses romper la indiferencia de un Congreso atado a los intereses del gobierno y los partidos.
Ésa es la buena noticia de esta semana: la disposición de legisladores de diversas fuerzas políticas de atender un reclamo concreto y justo: #DiNoAlDobleRemolque.
Apenas el 24 de julio publicamos en Excélsior la iniciativa que Jorge López Martín y Francisco Gutiérrez de Velasco (PAN) presentaron en la Comisión Permanente para reformar el artículo 50 de la Ley de Transporte, a fin de prohibir los llamados fulles en las carreteras.
Los diputados argumentaron que la competencia económica no debe justificar la omisión del Estado frente al peligro de muerte que esas unidades representan.
Una semana después, ambos legisladores solicitaron al gobierno hacer su parte: homologar la norma del autotransporte de carga con Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de pasar de las 75.5 toneladas métricas que en México se toleran a 36.3 TM.
En su propuesta, los panistas alegaron que resulta urgente esa reducción ¡de 39 toneladas!, porque el peso que aquí se tolera atenta contra la seguridad carretera.
Todo parecía indicar que las iniciativas no pasarían de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como sucedió hace cuatro años cuando se intentó regular el tema.
Entonces, en 2012, la embestida de un tráiler full a un autobús con alumnos de la UNAM propició que el Partido del Trabajo y el PRI buscaran ponerle límites al doble remolque. Los promoventes responsabilizaron al gobierno de Felipe Calderón de permitir la violación de las normas internacionales. Se hizo un dictamen para que aquí se aplicaran los mismos criterios de los socios del TLC. Pero éste jamás se votó en el pleno de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el 28 de julio, una madre emprendió una movilización ciudadana en nombre de su hijo de 22 años, Patricio Floresmayer, víctima de un accidente ocasionado por un tráiler full el día 10.
El testimonio de Hilda Caballero nos hizo obligados activistas de esta causa que hoy es ciudadana y que ha ido sumando nuevas iniciativas, como la de Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, y la del PVEM entregada en ambas cámaras. Hoy existen tres propuestas de la oposición para ponerle un freno a estos camiones que habrían generado mil 59 muertes en lo que va del año.
Y el PRI se ha manifestado en favor de que la vida de los mexicanos se encuentre por encima de cualquier consideración económica, en voz del jefe de los priistas en el Senado, Emilio Gamboa. En el mismo sentido, el actual presidente de la Cámara Alta, Pablo Escudero (PVEM), ha dicho presente.
Así que si los legisladores tienen palabra, el Congreso está obligado a forzar al gobierno federal a la prohibición que ahora se niega a imaginar bajo un pragmatismo materialista que genera escalofrío.
Lo único que ha aceptado hasta ahora el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es a participar en los foros que en torno al tema se harán en el Poder Legislativo. Pero sigue el titular de la SCT sin moverse un centímetro en su advertencia catastrofista de que la prohibición de estas unidades paralizaría la economía al grado del desabasto.
Ruiz Esparza ha decidido colocarse del lado de las transnacionales y las empresas que se benefician de los doble remolques y que presionaron en el sexenio anterior para evitar una reforma.
El secretario no tiene nada qué ofrecernos a los 75 mil firmantes de la petición que Hilda Caballero hizo en change.org y que iba dirigida al director general de Autotransporte Federal, Adrián del Mazo Maza; a la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott, y al titular de la SCT.
En contraste, la apertura mostrada por legisladores para modificar la ley correspondiente es un signo alentador en la lenta y necesaria construcción en México del Parlamento Abierto, práctica indispensable para que la política recupere su función, la de atender los problemas de la gente.
Sea que diputados y senadores hayan reaccionado por conciencia, por no aguantar la presión o por pudor, este asunto antes ninguneado ahora es prioridad, al menos en el discurso.
Que los 628 legisladores federales escuchen el testimonio de Hilda sobre su hijo, el mismo al que Ruiz Esparza ha contestado no.
“Bueno, sano, noble, justo, entregado, alegre, feliz, divertido, íntegro, apasionado, dedicado, amoroso. Amado por todos lo que lo conocieron. Su vida quedó truncada cuando un camión de doble remolque, de la manera más imprudente y con exceso de velocidad, le arrebató su hermosa y valiosa vida. Su papá, hermanas y yo nos quedamos rotos, vacíos, desconsolados, profundamente tristes y devastados.
“Exigimos que dejen de circular estos camiones de doble remolque, sin regulación alguna, con sobrepeso, sin choferes capacitados. Que además circulan con exceso de velocidad y con total y absoluta irresponsabilidad. A Pato nadie nos lo va a regresar, podemos lograr en su nombre un cambio para que nadie sufra lo que estamos sufriendo”, pide la señora Caballero.
Para quienes nos sumamos a la causa de Hilda y de Héctor Gandini, padre del joven del mismo nombre que también murió en el accidente del 9 de julio en la carretera México-Cuernavaca, esta historia y su dolor son suficiente argumento para reclamar el derecho a la seguridad por encima de consideraciones monetarias.
fuente:EXCÉLSIOR