Impunidad: el sello de la casa
La Cámara de Diputados ha sido utilizada para todo, pero ahora se puede sumar una nueva función: hotel de paso todo incluido.
02 de Abril de 2017
Esta semana se registraron tres casos que muestran claramente el enorme camino que falta por recorrer entre lo que se promete o se espera de las autoridades y lo que realmente sucede todos los días. La impunidad sigue estando de moda y es el sello de la casa de la política nacional.
PRIMER CASO. Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, y Ricardo Anaya, del PAN, han hablado de combatir la impunidad y la corrupción, pero a la menor provocación muestran de qué están hechos. En la semana, el diputado suplemente tricolor Antonio Enrique Tarín acudió a la Cámara de Diputados a tomar protesta tras la muerte del titular de la curul, Carlos Hermosillo. El problema es que tenía una orden de aprehensión por ejecutarse. El exdirector de adquisiciones de Chihuahua durante el gobierno del ahora prófugo César Duarte fue por fuero, pero, afortunadamente, se quedó con un palmo de narices.
Pero Tarín llegó y salió por la puerta grande gracias a que obtuvo la protección del tricolor y del blanquiazul. Utilizó el recinto como búnker mientras le llegaba su suspensión provisional para evitar su detención por el delito de peculado. Para lograrlo obtuvo la complicidad del PRI que hasta oficinas le prestó y de la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Guadalupe Murguía, quien simplemente no permitió el ingreso de la Policía Ministerial para capturarlo. Ella argumentó que no había orden judicial que solicitara la acción, es decir la orden de aprehensión no fue suficiente para ella.
La Cámara de Diputados ha sido utilizada para todo, pero ahora se puede sumar una nueva función: hotel de paso todo incluido, incluida la impunidad. Y no sólo para diputados, sino para familiares y amigos.
SEGUNDO CASO. En Estados Unidos detuvieron al fiscal en funciones de Nayarit, Édgar Veytia. Lo acusan de tráfico a gran escala. Quien debería combatir al crimen organizado es realmente y de acuerdo a la justicia norteamericana, parte de él. Es decir utilizó los diversos cargos que tuvo en materia de seguridad para poder operar impunemente.
A pesar de ello, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, defendió y sigue defendiendo a quien fuera su fiscal haciendo caso omiso de todos los indicios que alertaban sobre las actividades paralelas de su funcionario. El mandatario asegura que él no sabía nada en lo que estaba involucrado su amigo y colaborador. Esto puede explicar muchas cosas de lo que sucede en la entidad, el mandatario no tiene idea de nada.
TERCER CASO. No podría fallar el caso que cimbró a la sociedad. El juez Anuar González otorgó un amparo a uno de los llamados Porkys, Diego Cruz, con argumentos que regresan la defensa de los derechos de las víctimas de delitos sexuales al siglo XVII.
De acuerdo con el juez, Cruz manoseó a su víctima pero “no tenía la intención de llegar a la cópula vaginal, anal ni oral”, además “no se encontraba demostrado fehacientemente el abuso sexual”, el manoseo no tuvo “ánimo de deleite carnal u obtener una satisfacción sexual”, No se comprobó eficazmente la lascivia en la conducta del quejoso y no se probó la completa indefensión de la joven violentada, a pesar de que eran 4 jóvenes contra 1. Para el juez todo se trató en un roce o frotamiento incidental.
La presión social hizo que el Consejo de la Judicatura Federal suspendiera al juez y decidiera revisar con más atención. Sin embargo, con esta forma de juzgar, al rato y como señalaron las redes sociales, no se podrá culpar a ninguno de los dos Duarte porque no se podrá comprobar que aunque agarraron dinero no tenían verdaderas ganas de enriquecerse.
FUENTE: EXCÉLSIOR
02 de Abril de 2017
Esta semana se registraron tres casos que muestran claramente el enorme camino que falta por recorrer entre lo que se promete o se espera de las autoridades y lo que realmente sucede todos los días. La impunidad sigue estando de moda y es el sello de la casa de la política nacional.
PRIMER CASO. Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, y Ricardo Anaya, del PAN, han hablado de combatir la impunidad y la corrupción, pero a la menor provocación muestran de qué están hechos. En la semana, el diputado suplemente tricolor Antonio Enrique Tarín acudió a la Cámara de Diputados a tomar protesta tras la muerte del titular de la curul, Carlos Hermosillo. El problema es que tenía una orden de aprehensión por ejecutarse. El exdirector de adquisiciones de Chihuahua durante el gobierno del ahora prófugo César Duarte fue por fuero, pero, afortunadamente, se quedó con un palmo de narices.
Pero Tarín llegó y salió por la puerta grande gracias a que obtuvo la protección del tricolor y del blanquiazul. Utilizó el recinto como búnker mientras le llegaba su suspensión provisional para evitar su detención por el delito de peculado. Para lograrlo obtuvo la complicidad del PRI que hasta oficinas le prestó y de la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Guadalupe Murguía, quien simplemente no permitió el ingreso de la Policía Ministerial para capturarlo. Ella argumentó que no había orden judicial que solicitara la acción, es decir la orden de aprehensión no fue suficiente para ella.
La Cámara de Diputados ha sido utilizada para todo, pero ahora se puede sumar una nueva función: hotel de paso todo incluido, incluida la impunidad. Y no sólo para diputados, sino para familiares y amigos.
SEGUNDO CASO. En Estados Unidos detuvieron al fiscal en funciones de Nayarit, Édgar Veytia. Lo acusan de tráfico a gran escala. Quien debería combatir al crimen organizado es realmente y de acuerdo a la justicia norteamericana, parte de él. Es decir utilizó los diversos cargos que tuvo en materia de seguridad para poder operar impunemente.
A pesar de ello, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, defendió y sigue defendiendo a quien fuera su fiscal haciendo caso omiso de todos los indicios que alertaban sobre las actividades paralelas de su funcionario. El mandatario asegura que él no sabía nada en lo que estaba involucrado su amigo y colaborador. Esto puede explicar muchas cosas de lo que sucede en la entidad, el mandatario no tiene idea de nada.
TERCER CASO. No podría fallar el caso que cimbró a la sociedad. El juez Anuar González otorgó un amparo a uno de los llamados Porkys, Diego Cruz, con argumentos que regresan la defensa de los derechos de las víctimas de delitos sexuales al siglo XVII.
De acuerdo con el juez, Cruz manoseó a su víctima pero “no tenía la intención de llegar a la cópula vaginal, anal ni oral”, además “no se encontraba demostrado fehacientemente el abuso sexual”, el manoseo no tuvo “ánimo de deleite carnal u obtener una satisfacción sexual”, No se comprobó eficazmente la lascivia en la conducta del quejoso y no se probó la completa indefensión de la joven violentada, a pesar de que eran 4 jóvenes contra 1. Para el juez todo se trató en un roce o frotamiento incidental.
La presión social hizo que el Consejo de la Judicatura Federal suspendiera al juez y decidiera revisar con más atención. Sin embargo, con esta forma de juzgar, al rato y como señalaron las redes sociales, no se podrá culpar a ninguno de los dos Duarte porque no se podrá comprobar que aunque agarraron dinero no tenían verdaderas ganas de enriquecerse.
FUENTE: EXCÉLSIOR
