Impunidad, divino tesoro
Dicen en el llano que “donde hay lagartos hay tortugas”, esta es una acertada máxima originada en la añosa observación de la naturaleza; lo cual ocurre, en semejanza, con los científicos sociales cuando aseguran la íntima simbiosis entre la corrupción y la impunidad, donde aparece una existe el riesgo de que surja la otra; o también, mientras la impunidad asuma su imperio la corrupción enseñorea sus reales. En México es bastante difícil el combate a la corrupción, así se comprueba por los largos años y múltiples gobiernos de sexenal duración cuyas intenciones anunciaban la embestida contra esa lacra social, pero el fracaso es tan evidente como incontestable.
La corrupción se asemeja a un organismo vivo, es como un virus o una bacteria que va mutando según se le combate. De allí que los mecanismos anticorrupción se innovan permanentemente; en ese sentido debemos reconocer avances normativos e institucionales originados por la presión social, de lo que es muestra manifiesta el Sistema Nacional Anticorrupción compuesto por una sinergia institucional en que la Función Pública, antes Contraloría, es una de siete partes. Las otras son la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la sociedad civil.
Ante los nuevos mecanismos contra la corrupción, en Veracruz hubo una reacción casi inmediata: se dio cuando Duarte de Ochoa pretendió adelantar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a favor de incondicionales, pero la Federación intervino para frustrar ese despropósito pues violentaba principios del Sistema Nacional: “los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional…”. Todos recordamos la obsecuencia servil del Congreso local hacia Duarte prestándose a legislar aún contra el mandato constitucional, servilismo e ignorancia fueron características destacadas de aquellos legisladores al servicio de quien los maiceaba de manera suculenta.
Pero la realidad opone cultura, tradición, deformación política, patrimonialismo político inducido por el ejemplo y, por supuesto, la infaltable impunidad.
El curso de los acontecimientos desalienta y demuestra cuán complicado es el combate contra esa lacra, a pesar del marco normativo vigente y de las instituciones creadas para abatirla. Que la realidad opone serios obstáculos lo observamos en los largos procesos para demostrar la culpabilidad de los infractores. Es revelador el caso del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, pues a casi dos años de haber dejado el cargo apenas ahora la Subprocuraduría Anticorrupción informa que encontró elementos para imputarle cargos por enriquecimiento ilícito, cuando durante su campaña el actual gobernador ofreció meterlo a la cárcel nomas tomara posesión. En Tabasco, el gobierno de alternancia encabezado por Arturo Núñez, inició tenaz persecución contra su antecesor, Andrés Granier, a quien la PGR metió en prisión, e igual suerte corre su tesorero; pero a Núñez ya solo le quedan dos años y la interpol aún no localiza a los ex secretarios de salud y de educación. Estas referencias no aportan optimismo a los veracruzanos, porque a Yunes Linares le quedan 19 meses y aquí los cómplices de Duarte forman legión ¿escaparán al rigor de la justicia?
Las interrogantes se multiplican porque en el caso Veracruz el tiempo es factor para implementar la consigna del no olvido ni perdón; en ese trance es inminente el riesgo de una justicia selectiva, es decir, atrapar a cuanto pez grande sea posible y a la morralla dejarla impune: ¿dónde quedarán De Antes, Bustos Solís, Ferrari, los ex secretarios de salud, los de finanzas, de Protección Civil, los de comunicación social, de Infraestructura carretera, los omisos de la contraloría y del Orfis y la morralla ilícitamente enriquecida? Se entiende la grave responsabilidad del Fiscal por integrar sólidos expedientes para proceder contra los corruptos y la abundancia de casos, pero el ofrecimiento de campaña fue claro y la ciudadanía le dio crédito ¿más decepción e impunidad? He allí la cuestión.
alfredobielmav@hotmail.com
29- abril 2017.
La corrupción se asemeja a un organismo vivo, es como un virus o una bacteria que va mutando según se le combate. De allí que los mecanismos anticorrupción se innovan permanentemente; en ese sentido debemos reconocer avances normativos e institucionales originados por la presión social, de lo que es muestra manifiesta el Sistema Nacional Anticorrupción compuesto por una sinergia institucional en que la Función Pública, antes Contraloría, es una de siete partes. Las otras son la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la sociedad civil.
Ante los nuevos mecanismos contra la corrupción, en Veracruz hubo una reacción casi inmediata: se dio cuando Duarte de Ochoa pretendió adelantar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a favor de incondicionales, pero la Federación intervino para frustrar ese despropósito pues violentaba principios del Sistema Nacional: “los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional…”. Todos recordamos la obsecuencia servil del Congreso local hacia Duarte prestándose a legislar aún contra el mandato constitucional, servilismo e ignorancia fueron características destacadas de aquellos legisladores al servicio de quien los maiceaba de manera suculenta.
Pero la realidad opone cultura, tradición, deformación política, patrimonialismo político inducido por el ejemplo y, por supuesto, la infaltable impunidad.
El curso de los acontecimientos desalienta y demuestra cuán complicado es el combate contra esa lacra, a pesar del marco normativo vigente y de las instituciones creadas para abatirla. Que la realidad opone serios obstáculos lo observamos en los largos procesos para demostrar la culpabilidad de los infractores. Es revelador el caso del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, pues a casi dos años de haber dejado el cargo apenas ahora la Subprocuraduría Anticorrupción informa que encontró elementos para imputarle cargos por enriquecimiento ilícito, cuando durante su campaña el actual gobernador ofreció meterlo a la cárcel nomas tomara posesión. En Tabasco, el gobierno de alternancia encabezado por Arturo Núñez, inició tenaz persecución contra su antecesor, Andrés Granier, a quien la PGR metió en prisión, e igual suerte corre su tesorero; pero a Núñez ya solo le quedan dos años y la interpol aún no localiza a los ex secretarios de salud y de educación. Estas referencias no aportan optimismo a los veracruzanos, porque a Yunes Linares le quedan 19 meses y aquí los cómplices de Duarte forman legión ¿escaparán al rigor de la justicia?
Las interrogantes se multiplican porque en el caso Veracruz el tiempo es factor para implementar la consigna del no olvido ni perdón; en ese trance es inminente el riesgo de una justicia selectiva, es decir, atrapar a cuanto pez grande sea posible y a la morralla dejarla impune: ¿dónde quedarán De Antes, Bustos Solís, Ferrari, los ex secretarios de salud, los de finanzas, de Protección Civil, los de comunicación social, de Infraestructura carretera, los omisos de la contraloría y del Orfis y la morralla ilícitamente enriquecida? Se entiende la grave responsabilidad del Fiscal por integrar sólidos expedientes para proceder contra los corruptos y la abundancia de casos, pero el ofrecimiento de campaña fue claro y la ciudadanía le dio crédito ¿más decepción e impunidad? He allí la cuestión.
alfredobielmav@hotmail.com
29- abril 2017.
