SNA: crujen los cuates sin cuotas
22 de Julio de 2017
Convertido en espacio de catarsis e intercambio de recriminaciones, el Congreso escenificó este miércoles una comedia más del desacuerdo.
La fecha era relevante para el calendario legislativo, ya que ese 19 de julio entraría en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pero llegado el día, el Senado siguió sin ponerse de acuerdo en el nombramiento del fiscal y de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, instancia clave para juzgar a personajes que, como Javier Duarte, habrían transado con recursos del erario.
Así que la deuda parlamentaria se volvió materia de la sesión de ese miércoles en la Comisión Permanente, sede del Poder Legislativo cuando las cámaras están en receso.
“El problema es que Peña Nieto no quiere que esto prospere. Eso es todo. Lo demás es hacernos guajes”, resumió el senador Manuel Bartlett, jefe de la bancada afín a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A su modo, el PAN hizo lo propio al argumentar que sólo daría su visto bueno a un fiscal anticorrupción autónomo y que para esto debe concretarse la enmienda presidencial que evitaría que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, sea de facto el primer fiscal general de la República.
“¿Para qué queremos un fiscal Especializado Anticorrupción, cuyo mandato termina el 30 de noviembre, que no tiene dientes, no tiene mandíbula y no tiene músculo?”, cuestionó el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.
Y es que tal y como quedó la ley, el zar anticorrupción del SNA tiene serios impedimentos: no puede nombrar a sus propios agentes del Ministerio Público ni a los peritos ni a los titulares de áreas administrativas, pero tampoco investigar a la PGR por actos de corrupción. Y lo peor: carecería de recursos.
“¿Para qué queremos eso? ¿Para que el gobierno se lave las manos y se lave la cara? La respuesta es no. No podemos tener una Fiscalía subordinada”, argumentó Romero Hicks.
La senadora Laura Rojas (PAN) abonó en esa justificación, al recordar que los aspirantes que participaron en el proceso para nombrar al fiscal anticorrupción coincidieron en que tal y como están las reglas, no habría manera de trabajar bien. Porque se necesitan reformas a las leyes de la futura Fiscalía General o de la actual PGR.
Al fijar la postura del PRD, Jesús Zambrano tomó la misma ruta y para ejemplificar la importancia de la autonomía inexistente ahora, se refirió al caso de Javier Duarte, quien horas antes, dijo, había ridiculizado al Ministerio Público.
“Y así todavía quiere pase automático de un procurador a la Fiscalía o de qué manera se quiere tener al fiscal Anticorrupción, si no se resuelve adecuadamente, es mejor que en lugar de estar pensando en pase automático, esté pensando en hacer maletas. ¿O qué quieren ocultar?”, criticó el perredista.
Las impugnaciones de la oposición tienen sustento y son las que han hecho sentir organizaciones de la sociedad civil con la emergente iniciativa de #VamosPorMás.
¿Por qué se conformaron con un diseño institucional sin independencia?
Acaso porque la tradición parlamentaria se limita a éxitos de papel publicados en el Diario Oficial de la Federación y promulgar leyes difíciles de cumplir o insuficientes.
Al defender al gobierno federal, en representación del PRI, la senadora Diva Gastélum recriminó a sus compañeros por la incapacidad de concretar la negociación de los pendientes del SNA.
“Somos 128 senadores, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque nos encantan las cuotas. ¿A quién le va a tocar el fiscal y los 18 (magistrados)? ¡No, te tocan más a ti y no sé qué! Digan la verdad. Mentir también es corrupción, venir a decirle a la gente lo que quieren ustedes en aras de 2018, pues también es corrupción, digamos la verdad”, expuso histriónica y vehemente.
En la caricaturización de este desgastado esquema de negociaciones entre cúpulas partidistas, el senador Miguel Barbosa, también de la bancada de Morena, señaló al PRI y el PAN como autores intelectuales del desastre.
“Todo se detuvo por un conflicto electoral entre fuerzas políticas, una negociación que vamos a ver ahora que se anule Coahuila, si se destraba y puede avanzar este asunto”, señaló el experredista.
Y es que en vez de reconocer que la pluralidad de la sociedad exige que todos pongan de su parte y hagan del Congreso un espacio de soluciones posibles, los partidos se han conformado con el reparto de cuotas.
Esa ha sido la tónica en la conformación de órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).
El problema de fondo es la imposibilidad recurrente de construir acuerdos que puedan ser asumidos por todas las fuerzas políticas.
Porque algo se rompió en el sistema político mexicano y hoy ese mecanismo de cuates que se reparten cuotas está dando de sí.
Sus grietas se dejan sentir, igual en el complicado proceso de fiscalización de gastos electorales que en el inconcluso sistema anticorrupción.
Eso es lo que está crujiendo: un mecanismo de reparto de poder que no da gobernabilidad ni responde a las demandas ciudadanas.
FUENTE: EXCÉLSIOR
Convertido en espacio de catarsis e intercambio de recriminaciones, el Congreso escenificó este miércoles una comedia más del desacuerdo.
La fecha era relevante para el calendario legislativo, ya que ese 19 de julio entraría en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pero llegado el día, el Senado siguió sin ponerse de acuerdo en el nombramiento del fiscal y de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, instancia clave para juzgar a personajes que, como Javier Duarte, habrían transado con recursos del erario.
Así que la deuda parlamentaria se volvió materia de la sesión de ese miércoles en la Comisión Permanente, sede del Poder Legislativo cuando las cámaras están en receso.
“El problema es que Peña Nieto no quiere que esto prospere. Eso es todo. Lo demás es hacernos guajes”, resumió el senador Manuel Bartlett, jefe de la bancada afín a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
A su modo, el PAN hizo lo propio al argumentar que sólo daría su visto bueno a un fiscal anticorrupción autónomo y que para esto debe concretarse la enmienda presidencial que evitaría que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, sea de facto el primer fiscal general de la República.
“¿Para qué queremos un fiscal Especializado Anticorrupción, cuyo mandato termina el 30 de noviembre, que no tiene dientes, no tiene mandíbula y no tiene músculo?”, cuestionó el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.
Y es que tal y como quedó la ley, el zar anticorrupción del SNA tiene serios impedimentos: no puede nombrar a sus propios agentes del Ministerio Público ni a los peritos ni a los titulares de áreas administrativas, pero tampoco investigar a la PGR por actos de corrupción. Y lo peor: carecería de recursos.
“¿Para qué queremos eso? ¿Para que el gobierno se lave las manos y se lave la cara? La respuesta es no. No podemos tener una Fiscalía subordinada”, argumentó Romero Hicks.
La senadora Laura Rojas (PAN) abonó en esa justificación, al recordar que los aspirantes que participaron en el proceso para nombrar al fiscal anticorrupción coincidieron en que tal y como están las reglas, no habría manera de trabajar bien. Porque se necesitan reformas a las leyes de la futura Fiscalía General o de la actual PGR.
Al fijar la postura del PRD, Jesús Zambrano tomó la misma ruta y para ejemplificar la importancia de la autonomía inexistente ahora, se refirió al caso de Javier Duarte, quien horas antes, dijo, había ridiculizado al Ministerio Público.
“Y así todavía quiere pase automático de un procurador a la Fiscalía o de qué manera se quiere tener al fiscal Anticorrupción, si no se resuelve adecuadamente, es mejor que en lugar de estar pensando en pase automático, esté pensando en hacer maletas. ¿O qué quieren ocultar?”, criticó el perredista.
Las impugnaciones de la oposición tienen sustento y son las que han hecho sentir organizaciones de la sociedad civil con la emergente iniciativa de #VamosPorMás.
¿Por qué se conformaron con un diseño institucional sin independencia?
Acaso porque la tradición parlamentaria se limita a éxitos de papel publicados en el Diario Oficial de la Federación y promulgar leyes difíciles de cumplir o insuficientes.
Al defender al gobierno federal, en representación del PRI, la senadora Diva Gastélum recriminó a sus compañeros por la incapacidad de concretar la negociación de los pendientes del SNA.
“Somos 128 senadores, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque nos encantan las cuotas. ¿A quién le va a tocar el fiscal y los 18 (magistrados)? ¡No, te tocan más a ti y no sé qué! Digan la verdad. Mentir también es corrupción, venir a decirle a la gente lo que quieren ustedes en aras de 2018, pues también es corrupción, digamos la verdad”, expuso histriónica y vehemente.
En la caricaturización de este desgastado esquema de negociaciones entre cúpulas partidistas, el senador Miguel Barbosa, también de la bancada de Morena, señaló al PRI y el PAN como autores intelectuales del desastre.
“Todo se detuvo por un conflicto electoral entre fuerzas políticas, una negociación que vamos a ver ahora que se anule Coahuila, si se destraba y puede avanzar este asunto”, señaló el experredista.
Y es que en vez de reconocer que la pluralidad de la sociedad exige que todos pongan de su parte y hagan del Congreso un espacio de soluciones posibles, los partidos se han conformado con el reparto de cuotas.
Esa ha sido la tónica en la conformación de órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).
El problema de fondo es la imposibilidad recurrente de construir acuerdos que puedan ser asumidos por todas las fuerzas políticas.
Porque algo se rompió en el sistema político mexicano y hoy ese mecanismo de cuates que se reparten cuotas está dando de sí.
Sus grietas se dejan sentir, igual en el complicado proceso de fiscalización de gastos electorales que en el inconcluso sistema anticorrupción.
Eso es lo que está crujiendo: un mecanismo de reparto de poder que no da gobernabilidad ni responde a las demandas ciudadanas.
FUENTE: EXCÉLSIOR
