Sistema Nacional Anticorrupción
La lucha contra la corrupción en México ha tomado cauces institucionales para sistematizar el combate a esa lacra social, si la maraña burocrática no lo dificulta se esperan resultados positivos para desarraigarla de nuestra ancestral cultura político-administrativa.
Bien sabemos que debido al divorcio de la clase política respecto del interés general se ha creado una dicotomía nociva, pues quienes tienen obligación de resolver los problemas colectivos privilegian los propios sobre cualquiera otro. Bien lo predijo Platón “el precio de desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres”, y bajo esa lógica estamos, pues delegamos en ellos sin precaución alguna. Ya tenemos en vigencia un Sistema Nacional Anticorrupción, pero la élite política, llámese partidocracia en una de sus facetas, no logra ponerse de acuerdo sobre el personaje idóneo que lo encabece.
Este Sistema Anticorrupción está integrado por siete órganos públicos: la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la sociedad civil, como es fácil de suponer tendrá mucho trabajo, el primero evitar entorpecerse a sí mismo.
Pero falta mucho para que el combate sea integral, porque en las entidades federativas los gobernadores han mediatizado la función fiscalizadora y los órganos de control a través del pleno dominio que aún conservan sobre el Poder Legislativo, al que mantienen subordinado a sus dictados y a través del cual legalizan sus componendas financieras, políticas y administrativas. Ese es otro elemento a considerar: lograr que en las entidades federativas funcione un Poder Legislativo con verdadera autonomía respecto del Poder Ejecutivo.
Si los siete órganos públicos que integran este Sistema trabajan en sinergia, evitando burocratizar sus acciones, sin duda podrá reducirse la corrupción. Hay razones para el optimismo, pues tan solo el trabajo de uno de esos órganos, la Auditoría Superior de la Federación, ha logrado develar los mecanismos de corrupción empleados por no pocos gobernadores, pues su labor fiscalizadora y de revisión ha registrado con singular exactitud las maquinaciones de virreyes estaduales para enriquecerse con los recursos del erario. Un caso paradigmático que lo ejemplifica es el acentuado contraste de lo que la ASF descubrió en Veracruz, con el silencio omiso y cómplice de los órganos estatales-contraloría y órgano fiscalizador- pues “nada” detectaron de lo que la ASF advertía abiertamente.
Desde 2012 la ASF inició el reporte de irregularidades en las Cuenta Públicas veracruzana sobre el uso del dinero remitido por la Federación para educación, infraestructura, seguridad pública y otros sectores de gobierno: dinero público cuyo gasto no pudo comprobarse. Recursos etiquetados para abatir el rezago social fueron desviados para menesteres muy ajenos a su meta original, y para nada beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Existen decenas de pruebas sobre el dinero desviado durante la administración de Duarte de Ochoa; obras sin proyecto previo e improcedentes, ni se dispone de las actas de entrega–recepción de la comunidad y tampoco se constituyeron los comités pro obra o similar. Simulando actuar, la Contraloría del Estado aparentó iniciar procedimientos para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos, pero no hubo culpable alguno.
Todo un genio jurídico será el jefe del despacho que defiende a Duarte de Ochoa si logra sacarlo avante de las acusaciones que le formula el ministerio público, sino mediaran los ventajosos honorarios se dijeran buenos samaritanos, porque en rigor hasta por default pierden. Bastarían los reportes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, los frecuentes llamados de atención de su titular, Manuel del Portal, sobre el irregular manejo y aplicación del recurso público en el sexenio duartista para desalentar a cualquiera en el intento de defensa de este émulo pervertido de Ali
Babá, cuyos socios están convirtiendo a Pacho Viejo en una auténtica Cueva de este costumbrismo mexicano. alfredobielmav@hotmail.com
29- julio- 2017.
Bien sabemos que debido al divorcio de la clase política respecto del interés general se ha creado una dicotomía nociva, pues quienes tienen obligación de resolver los problemas colectivos privilegian los propios sobre cualquiera otro. Bien lo predijo Platón “el precio de desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres”, y bajo esa lógica estamos, pues delegamos en ellos sin precaución alguna. Ya tenemos en vigencia un Sistema Nacional Anticorrupción, pero la élite política, llámese partidocracia en una de sus facetas, no logra ponerse de acuerdo sobre el personaje idóneo que lo encabece.
Este Sistema Anticorrupción está integrado por siete órganos públicos: la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la sociedad civil, como es fácil de suponer tendrá mucho trabajo, el primero evitar entorpecerse a sí mismo.
Pero falta mucho para que el combate sea integral, porque en las entidades federativas los gobernadores han mediatizado la función fiscalizadora y los órganos de control a través del pleno dominio que aún conservan sobre el Poder Legislativo, al que mantienen subordinado a sus dictados y a través del cual legalizan sus componendas financieras, políticas y administrativas. Ese es otro elemento a considerar: lograr que en las entidades federativas funcione un Poder Legislativo con verdadera autonomía respecto del Poder Ejecutivo.
Si los siete órganos públicos que integran este Sistema trabajan en sinergia, evitando burocratizar sus acciones, sin duda podrá reducirse la corrupción. Hay razones para el optimismo, pues tan solo el trabajo de uno de esos órganos, la Auditoría Superior de la Federación, ha logrado develar los mecanismos de corrupción empleados por no pocos gobernadores, pues su labor fiscalizadora y de revisión ha registrado con singular exactitud las maquinaciones de virreyes estaduales para enriquecerse con los recursos del erario. Un caso paradigmático que lo ejemplifica es el acentuado contraste de lo que la ASF descubrió en Veracruz, con el silencio omiso y cómplice de los órganos estatales-contraloría y órgano fiscalizador- pues “nada” detectaron de lo que la ASF advertía abiertamente.
Desde 2012 la ASF inició el reporte de irregularidades en las Cuenta Públicas veracruzana sobre el uso del dinero remitido por la Federación para educación, infraestructura, seguridad pública y otros sectores de gobierno: dinero público cuyo gasto no pudo comprobarse. Recursos etiquetados para abatir el rezago social fueron desviados para menesteres muy ajenos a su meta original, y para nada beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Existen decenas de pruebas sobre el dinero desviado durante la administración de Duarte de Ochoa; obras sin proyecto previo e improcedentes, ni se dispone de las actas de entrega–recepción de la comunidad y tampoco se constituyeron los comités pro obra o similar. Simulando actuar, la Contraloría del Estado aparentó iniciar procedimientos para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos, pero no hubo culpable alguno.
Todo un genio jurídico será el jefe del despacho que defiende a Duarte de Ochoa si logra sacarlo avante de las acusaciones que le formula el ministerio público, sino mediaran los ventajosos honorarios se dijeran buenos samaritanos, porque en rigor hasta por default pierden. Bastarían los reportes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, los frecuentes llamados de atención de su titular, Manuel del Portal, sobre el irregular manejo y aplicación del recurso público en el sexenio duartista para desalentar a cualquiera en el intento de defensa de este émulo pervertido de Ali
Babá, cuyos socios están convirtiendo a Pacho Viejo en una auténtica Cueva de este costumbrismo mexicano. alfredobielmav@hotmail.com
29- julio- 2017.
