GRAVE, QUE EL CONGRESO ROMPA EL ORDEN CONSTITUCIONAL.
No es cosa menor lo que está pasando en nuestro país cuando, por un lado hay una delincuencia desatada e imparable y, por la otra, un congreso de la unión que rompe con el orden constitucional y que no pase nada, pues en tanto los delincuentes, que actúan como si viviéramos en un estado de anarquía, por el otro, los senadores y diputados desoyen los reclamos populares y se burlan de la constitución que nos rige.
Narremos con simpleza lo que está aconteciendo y que no nos sorprendan los acontecimientos, para que se vea que no es causal porqué el país está en las condiciones actuales.
Por un lado, el fiscal electoral designado por el senado para que ejerciera sus funciones hasta el 30 de noviembre del 2018, es destituido por quien no tiene el nombramiento de procurador general de la república y que obviamente recibió instrucciones directas del presidente de la república para ese propósito, de otra manera no se entendería, pues el acontecimiento sucede exactamente en el momento en se abre una investigación contra del exdirector de Pemex,Lozoya, por haber recibir sobornos de la empresa brasileña odebrecht y que esos recursos se utilizaron en la campaña presidencial que llevó a Peña Nieto al sito desde donde, desgobierna de manera elocuente.
Por el otro, el senado de la república de mayoría priista, a través de su coordinador Emilio Gamboa Patrón,- el mismo que vivió en los “demonios del Eden” de Lilia Cacho, que con elocuencia se narra esa odisea de pedofilia- previo a la destitución del fiscal electoral, es transportado en helicóptero para que juegue golf con el presidente y se encargue del trabajo sucio en el senado, entre otros, que se acuerde por voto secreto la remoción y que no se utilice el tablero electrónico, que fue como se eligió por mayoría calificada, en síntesis, desanimar a quien estaba dispuesto a defender su cargo pero que, consciente de cómo se las gasta el sistema, mejor emprendió la graciosa huida y con su silencio, el ostracismo.
Por ello, la trascendencia de la sentencia que dicta la suprema Corte de Justicia de la nación, -a propuesta del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea-,contra el congreso de la unión por su omisión a expedir la ley que ordena la constitución Política sobre la regulación de la publicidad gubernamental, abre la puerta para detener al poder público en la manipulación que ejerce de los medios de comunicación de todo nivel y género mediante el control de los recursos públicos, es decir, el manejo discrecional de la publicidad y el ahorcamiento de aquellos órganos de difusión que no le son afines, proscribiendo la pluralidad en las líneas editorialmente, caso elocuente es lo acontecido con Carmen Aristegui ,Brozo, y muchos más.
En ese orden de ideas, la publicidad oficial que ha sido utilizada como herramienta de chantaje y sometimiento a los medios para que informen lo que personalmente interesa al titular del poder público , dejarla de cubrirse por la opacidad, si en el ordenamiento que se expida, se cumplen con los paramentos que exige el artículo 134 constitucional, pues no da margen a la promoción personal, además , que no deberá permitirse que se publicite la obra material, como son escuelas, carreteras, hospitales, etcétera, porque es obligación del Estado construirlas, ya que,la mayoría de las ocasiones, resulta más onerosa la publicidad que se gasta que lo que vale la obra pública.
Al transparentarse los recursos que se tienen que aplicar para la difusión publicitaria, se demostrará qué medios están al servicio de la nomenclatura y aquellos que actúan con independencia y objetividad y que no son estigmatizados por el estado, lo que redundará en una auténtica independencia informativa, no ajustada a contubernios ominosos como acontece en todos los gobiernos, y Veracruz y diez estados dieron la muestra de los recursos tirados a la basura en la promoción personal.
El retraso del congreso en cumplir lo que mandata el artículo 134, en verdad habla de la irresponsabilidad más palmaria de quién desdeña la constitución, pero veremos ahora si desafía a la Suprema Corte de Justicia de la nación que lo ha condenado para que antes del 30 de abril del 2018 se tenga el ordenamiento respectivo, aunque hay ministros, entre ellos, Pérez Dayán y quien voto en contra de esta sentencia histórica, que se afirma que fue Pardo Rebolledo,- por añadidura veracruzano-., que tienen el criterio que ese, es un poder soberano, cuando los ministros tienen que velar por el respeto a la constitución al estar convertidos, a partir de la reforma de l994, en órgano constitucional, garantes de su observancia y no amanuenses de intereses mezquinos.
limacobos@hotmail.com
Twitter:@limacobos1
Narremos con simpleza lo que está aconteciendo y que no nos sorprendan los acontecimientos, para que se vea que no es causal porqué el país está en las condiciones actuales.
Por un lado, el fiscal electoral designado por el senado para que ejerciera sus funciones hasta el 30 de noviembre del 2018, es destituido por quien no tiene el nombramiento de procurador general de la república y que obviamente recibió instrucciones directas del presidente de la república para ese propósito, de otra manera no se entendería, pues el acontecimiento sucede exactamente en el momento en se abre una investigación contra del exdirector de Pemex,Lozoya, por haber recibir sobornos de la empresa brasileña odebrecht y que esos recursos se utilizaron en la campaña presidencial que llevó a Peña Nieto al sito desde donde, desgobierna de manera elocuente.
Por el otro, el senado de la república de mayoría priista, a través de su coordinador Emilio Gamboa Patrón,- el mismo que vivió en los “demonios del Eden” de Lilia Cacho, que con elocuencia se narra esa odisea de pedofilia- previo a la destitución del fiscal electoral, es transportado en helicóptero para que juegue golf con el presidente y se encargue del trabajo sucio en el senado, entre otros, que se acuerde por voto secreto la remoción y que no se utilice el tablero electrónico, que fue como se eligió por mayoría calificada, en síntesis, desanimar a quien estaba dispuesto a defender su cargo pero que, consciente de cómo se las gasta el sistema, mejor emprendió la graciosa huida y con su silencio, el ostracismo.
Por ello, la trascendencia de la sentencia que dicta la suprema Corte de Justicia de la nación, -a propuesta del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea-,contra el congreso de la unión por su omisión a expedir la ley que ordena la constitución Política sobre la regulación de la publicidad gubernamental, abre la puerta para detener al poder público en la manipulación que ejerce de los medios de comunicación de todo nivel y género mediante el control de los recursos públicos, es decir, el manejo discrecional de la publicidad y el ahorcamiento de aquellos órganos de difusión que no le son afines, proscribiendo la pluralidad en las líneas editorialmente, caso elocuente es lo acontecido con Carmen Aristegui ,Brozo, y muchos más.
En ese orden de ideas, la publicidad oficial que ha sido utilizada como herramienta de chantaje y sometimiento a los medios para que informen lo que personalmente interesa al titular del poder público , dejarla de cubrirse por la opacidad, si en el ordenamiento que se expida, se cumplen con los paramentos que exige el artículo 134 constitucional, pues no da margen a la promoción personal, además , que no deberá permitirse que se publicite la obra material, como son escuelas, carreteras, hospitales, etcétera, porque es obligación del Estado construirlas, ya que,la mayoría de las ocasiones, resulta más onerosa la publicidad que se gasta que lo que vale la obra pública.
Al transparentarse los recursos que se tienen que aplicar para la difusión publicitaria, se demostrará qué medios están al servicio de la nomenclatura y aquellos que actúan con independencia y objetividad y que no son estigmatizados por el estado, lo que redundará en una auténtica independencia informativa, no ajustada a contubernios ominosos como acontece en todos los gobiernos, y Veracruz y diez estados dieron la muestra de los recursos tirados a la basura en la promoción personal.
El retraso del congreso en cumplir lo que mandata el artículo 134, en verdad habla de la irresponsabilidad más palmaria de quién desdeña la constitución, pero veremos ahora si desafía a la Suprema Corte de Justicia de la nación que lo ha condenado para que antes del 30 de abril del 2018 se tenga el ordenamiento respectivo, aunque hay ministros, entre ellos, Pérez Dayán y quien voto en contra de esta sentencia histórica, que se afirma que fue Pardo Rebolledo,- por añadidura veracruzano-., que tienen el criterio que ese, es un poder soberano, cuando los ministros tienen que velar por el respeto a la constitución al estar convertidos, a partir de la reforma de l994, en órgano constitucional, garantes de su observancia y no amanuenses de intereses mezquinos.
limacobos@hotmail.com
Twitter:@limacobos1
