La debida justicia
Nadie en su sano juicio, supone el escribidor, acepta que un inocente esté en la cárcel. El que alguien purgue una condena sin haber cometido el delito que se le imputa es, en una sola palabra, una injusticia. Y a las injusticias siempre hay que combatirlas y repararlas, más cuando tienen su origen en un mal proceso judicial, lo que los juristas llaman violaciones al debido proceso.
El pasado miércoles 8 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad de 11 de los 12 inculpados y sentenciados por las muertes de 12 jóvenes en el antro New’s Divine, ocurridas el 20 junio de 2008. Los beneficiados son 10 policías y una exjefa del sector, todos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). El único que permanece en la cárcel por esos hechos, purgando una condena de 29 años, es Alfredo Maya Ortiz, dueño del negocio, quien no participó en ellos.
La“libertad a los policías es una burla”, dijo Rubén Tapia, padre de uno de los jóvenes fallecidos, y en nombre de otros padres de las víctimas añadió que, a su juicio, el único preso no tiene la culpa, puesto que cada ocho días en ese antro había tardeadas y “nunca pasó nada, hasta ese día que llegó la policía”, entrevistado por Martín Espinosa para Grupo Imagen Multimedia.
De acuerdo con la nota del reportero Juan Pablo Reyes, publicada en Excélsior, la mayoría de los ministros de la Primera Sala de la SCJN coincidió en que “el trágico resultado del operativo realizado… no podía ser imputado a los policías que se encontraban fuera del establecimiento formando un muro de contención”. Según lo aprobado por los ministros hubo tres factores que ocasionaron “el trágico resultado”: el cierre de las puertas por donde salían los jóvenes durante las primeras etapas del operativo; la presión a los jóvenes para que abandonaran el local ejercida por los policías, y la decisión de apagar las luces y el aire acondicionado del lugar.
El ministro Arturo Zaldívar, el ponente, dijo que no existen pruebas de que los imputados hayan dado las órdenes de cerrar las puertas del antro.
Bien, aceptemos, los 11 liberados por decisión de la SCJN no son culpables de la muerte de los 12 jóvenes en el New’s Divine y es justo que sean liberados y también reivindicados. Las respuestas pendientes son: ¿Quién o quiénes son los presuntos responsables entonces? ¿Sólo el dueño del local por no haber cumplido con medidas de seguridad? ¿Quién o quiénes dieron las órdenes de cerrar las puertas del antro? ¿Quién o quiénes ordenaron “la presión” contra los jóvenes asistentes? ¿Quién o quiénes decidieron apagar las luces y el aire acondicionado? ¿Nadie?
Luego del “trágico resultado”, la SCJN dixit, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entonces encabezada por Emilio Álvarez Icaza, elaboró un informe especial en el que dijo haber comprobado diversas violaciones a los derechos humanos de las víctimas por parte de la SSPDF, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y personal de la delegación Gustavo A. Madero. Con nombres propios: Joel Ortega Cuevas, titular entonces de la SSPDF y ahora director del Metro; Luis Rosales Gamboa, subsecretario de la SSPDF; Rodolfo Félix Cárdenas, titular de la PGJDF; y Francisco Chíguil Figueroa, el delegado en Gustavo A. Madero, y Guillermo Zayas, titular de la Unipol. La autoridad, en este caso la PGJDF, consideró que ninguno de ellos era responsable y sólo encausó a Zayas, quien logró amparos para evitar la acción penal. Los otros consignados fueron los que ahora lograron su libertad luego de haber sido sentenciados, es decir, luego de que un juez los encontró oficialmente culpables. El jefe de todos ellos era Marcelo Ebrard, titular del GDF, llamado “el mejor alcalde del mundo”.
No será la primera vez ni la última, reza el lugar común, que una decisión de la SCJN de este tipo cause polémica entre los ciudadanos y los expertos, y enojo y desesperación entre los familiares de las víctimas. Son muchos, pero hay que recordar dos casos paradigmáticos, contrarios entre sí, como son los de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años por secuestro, y liberada no por su inocencia sino por faltas a su debido proceso judicial, y el del protagonista de la película Presunto Culpable, José Antonio Zúñiga, inocente sentenciado, aunque el homicidio del que fue culpado sigue sin resolverse.
Ya se decía arriba que es una injusticia que un inocente esté en la cárcel, como igual injusticia es que un crimen, cualquiera que sea, quede impune y que, al menos en los que se conoce públicamente, la ley se aplique selectivamente. ¿A los coacusados de la señora Cassez no se les violó el debido proceso? ¿Por qué siguen en la cárcel? ¿Por qué son culpables; ella no? ¿Quiénes son y dónde están los que les violaron su debido proceso? ¿Dónde están los responsables del homicidio del que falsamente se acusó a Zúñiga? ¿Dónde están los que lo acusaron falsamente? ¿Quiénes son y dónde están los responsables de las muertes de los 12 jóvenes en el New’s Divine?
Por lo pronto, hoy hay 12 nuevos homicidios impunes. Los ministros de la SCJN dirán que ellos sólo hacen lo que la ley les ordena y que deciden en función de las pruebas que se les presentan; que nada pueden hacer, ni siquiera exhortar al Ministerio Público a que persiga y resuelva esos y otros casos porque se violaría la división de poderes.
Pero, ¿podrían revisar la actuación de los jueces que con las mismas pruebas sentenciaron a esos presuntos culpables? Parece, y ustedes disculparán la metáfora, que México tiene en la SCJN a pilotos de Fórmula 1 que revisan la actuación de procuradores de justicia que conducen carretas de tracción animal.
¿Habrá en este país alguna autoridad que busque y aplique la debida justicia para las víctimas?
El pasado miércoles 8 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad de 11 de los 12 inculpados y sentenciados por las muertes de 12 jóvenes en el antro New’s Divine, ocurridas el 20 junio de 2008. Los beneficiados son 10 policías y una exjefa del sector, todos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). El único que permanece en la cárcel por esos hechos, purgando una condena de 29 años, es Alfredo Maya Ortiz, dueño del negocio, quien no participó en ellos.
La“libertad a los policías es una burla”, dijo Rubén Tapia, padre de uno de los jóvenes fallecidos, y en nombre de otros padres de las víctimas añadió que, a su juicio, el único preso no tiene la culpa, puesto que cada ocho días en ese antro había tardeadas y “nunca pasó nada, hasta ese día que llegó la policía”, entrevistado por Martín Espinosa para Grupo Imagen Multimedia.
De acuerdo con la nota del reportero Juan Pablo Reyes, publicada en Excélsior, la mayoría de los ministros de la Primera Sala de la SCJN coincidió en que “el trágico resultado del operativo realizado… no podía ser imputado a los policías que se encontraban fuera del establecimiento formando un muro de contención”. Según lo aprobado por los ministros hubo tres factores que ocasionaron “el trágico resultado”: el cierre de las puertas por donde salían los jóvenes durante las primeras etapas del operativo; la presión a los jóvenes para que abandonaran el local ejercida por los policías, y la decisión de apagar las luces y el aire acondicionado del lugar.
El ministro Arturo Zaldívar, el ponente, dijo que no existen pruebas de que los imputados hayan dado las órdenes de cerrar las puertas del antro.
Bien, aceptemos, los 11 liberados por decisión de la SCJN no son culpables de la muerte de los 12 jóvenes en el New’s Divine y es justo que sean liberados y también reivindicados. Las respuestas pendientes son: ¿Quién o quiénes son los presuntos responsables entonces? ¿Sólo el dueño del local por no haber cumplido con medidas de seguridad? ¿Quién o quiénes dieron las órdenes de cerrar las puertas del antro? ¿Quién o quiénes ordenaron “la presión” contra los jóvenes asistentes? ¿Quién o quiénes decidieron apagar las luces y el aire acondicionado? ¿Nadie?
Luego del “trágico resultado”, la SCJN dixit, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entonces encabezada por Emilio Álvarez Icaza, elaboró un informe especial en el que dijo haber comprobado diversas violaciones a los derechos humanos de las víctimas por parte de la SSPDF, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y personal de la delegación Gustavo A. Madero. Con nombres propios: Joel Ortega Cuevas, titular entonces de la SSPDF y ahora director del Metro; Luis Rosales Gamboa, subsecretario de la SSPDF; Rodolfo Félix Cárdenas, titular de la PGJDF; y Francisco Chíguil Figueroa, el delegado en Gustavo A. Madero, y Guillermo Zayas, titular de la Unipol. La autoridad, en este caso la PGJDF, consideró que ninguno de ellos era responsable y sólo encausó a Zayas, quien logró amparos para evitar la acción penal. Los otros consignados fueron los que ahora lograron su libertad luego de haber sido sentenciados, es decir, luego de que un juez los encontró oficialmente culpables. El jefe de todos ellos era Marcelo Ebrard, titular del GDF, llamado “el mejor alcalde del mundo”.
No será la primera vez ni la última, reza el lugar común, que una decisión de la SCJN de este tipo cause polémica entre los ciudadanos y los expertos, y enojo y desesperación entre los familiares de las víctimas. Son muchos, pero hay que recordar dos casos paradigmáticos, contrarios entre sí, como son los de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años por secuestro, y liberada no por su inocencia sino por faltas a su debido proceso judicial, y el del protagonista de la película Presunto Culpable, José Antonio Zúñiga, inocente sentenciado, aunque el homicidio del que fue culpado sigue sin resolverse.
Ya se decía arriba que es una injusticia que un inocente esté en la cárcel, como igual injusticia es que un crimen, cualquiera que sea, quede impune y que, al menos en los que se conoce públicamente, la ley se aplique selectivamente. ¿A los coacusados de la señora Cassez no se les violó el debido proceso? ¿Por qué siguen en la cárcel? ¿Por qué son culpables; ella no? ¿Quiénes son y dónde están los que les violaron su debido proceso? ¿Dónde están los responsables del homicidio del que falsamente se acusó a Zúñiga? ¿Dónde están los que lo acusaron falsamente? ¿Quiénes son y dónde están los responsables de las muertes de los 12 jóvenes en el New’s Divine?
Por lo pronto, hoy hay 12 nuevos homicidios impunes. Los ministros de la SCJN dirán que ellos sólo hacen lo que la ley les ordena y que deciden en función de las pruebas que se les presentan; que nada pueden hacer, ni siquiera exhortar al Ministerio Público a que persiga y resuelva esos y otros casos porque se violaría la división de poderes.
Pero, ¿podrían revisar la actuación de los jueces que con las mismas pruebas sentenciaron a esos presuntos culpables? Parece, y ustedes disculparán la metáfora, que México tiene en la SCJN a pilotos de Fórmula 1 que revisan la actuación de procuradores de justicia que conducen carretas de tracción animal.
¿Habrá en este país alguna autoridad que busque y aplique la debida justicia para las víctimas?
